Lima, veinte de enero
del dos mil nueve.-
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA:
del dos mil nueve.-
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA:
VISTOS; con los acompañados, vista la causa llevada a cabo en la fecha con los Vocales Supremos Mendoza Ramírez, Acevedo Mena, Ferreira Vildozola, Vinatea Medina y Morales Gonzáles; de conformidad con el dictamen fiscal, se emite la siguiente sentencia:
1.- MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas doscientos veinticuatro por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT contra la sentencia de vista de fojas doscientos dieciséis, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema el dieciocho de junio del dos mil ocho que, confirmando la apelada de fojas ciento sesenta y cinco del diecinueve de enero del dos mil siete, declara infundada la demanda de impugnación de resolución administrativa.
2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:
Esta Sala Suprema por resolución de fecha tres de noviembre del dos mil ocho obrante a fojas treinta y cuatro del cuaderno de casación ha declarado procedente el recurso las causales previstas en los incisos 1 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, al haberse denunciado la interpretación errónea del inciso 2 del apéndice II del Decreto Legislativo N° 821 y la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por la infracción del principio de motivación de las resoluciones judiciales.
3.- CONSIDERANDOS:
Primero: Que, al haberse declarado procedente el recurso tanto por una causal sustantiva como por una adjetiva es menester analizar primero esta última pues su acogimiento acarrearía la nulidad de la resolución impugnada, ocasionando que resulte innecesario un pronunciamiento sobre la primera.
Segundo: Que, en autos se ha denunciado la contravención del derecho al debido proceso, derecho que constituye una garantía establecida en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución cuya vulneración es sancionada de ordinario con la nulidad procesal, configurándose dicha contravención cuando no se ha respetado el derecho de las partes de acudir en busca de tutela jurisdiccional efectiva, de defensa, de ser oídos, de producir prueba, de formular los medios impugnatorios y de obtener una sentencia motivada en hechos y en derecho con sujeción a lo actuado, entre otros.
Tercero: Que, la impugnante ha denunciado la contravención arguyendo que la sentencia de vista infringe el principio de motivación de las resoluciones judiciales al ensayar una definición del servicio de transporte de taxi, sin indicar los fundamentos de derecho y la doctrina que puedan respaldar dicha definición, excluyendo las normas invocadas por su parte. La Sala ha debido en todo caso fundamentar en qué basa su definición para desvirtuar la normatividad vigente sobre transporte público de pasajeros; de este modo se ha afectado el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cuarto: Que, sobre este particular es de anotar que desde el debate administrativo el punto a dilucidar ha sido si el servicio de taxis se encontraba o no dentro de la exoneración contemplada por el inciso 2 del apéndice II del Decreto Legislativo N° 821, según el cual es servicio exonerado del impuesto general a las ventas que dice a la letra: “2. Servicio de transporte público de pasajeros dentro del país, excepto el de transporte aéreo”.
Quinto: A ese respecto la SUNAT sustenta su pretensión en el hecho de que no estando definido en la norma tributaria lo que es el servicio público de transporte se debe acudir a otras normas, recurriendo así al Decreto Legislativo N° 651; que de acuerdo a este decreto el servicio público de transporte se caracteriza por el otorgamiento de una concesión, es decir, de la autorización para brindar un servicio de utilidad general; de este concepto puede inferirse que el servicio de taxi no es público pues carece de tal autorización, negando así la posición adoptada por el Tribunal Fiscal, en el sentido que el servicio de taxi es público por el hecho de que cualquier persona tiene acceso a ello.
Sexto: En tanto, por su parte el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, ha señalado que la norma exoneratoria alude sólo al carácter público del transporte sin importar que el servicio sea público o privado, por lo que refuta que deba acudirse al Decreto Legislativo N° 651, por resultar impertinente su aplicación, ya que este regula el libre acceso a las rutas del servicio público de transportes, pronunciándose en similar sentido la administrada, Automotriz Amigo Sociedad Anónima Cerrada, que remitiéndose a lo dicho por el Tribunal Fiscal señala que el servicio de taxi es público desde que cualquier persona puede acceder a él.
Sétimo: Que, bajo tal marco se ha emitido la sentencia de fojas ciento sesenta y cinco, que entiende que el numeral 2 del apéndice II del Decreto Legislativo N° 821 se refiere al “… servicio de transporte público de pasajeros, excepto el transporte aéreo” desde donde concluye que el tenor de dicha norma sólo exceptúa al transporte aéreo por lo que declara infundada la demanda. Mientras tanto, habiéndose formulado apelación, el Colegiado Supremo, que actuó como segunda instancia, ha confirmado tal pronunciamiento reproduciendo los de la apelada y expresando otros adicionales, en los que se expone que todo servicio público debe ser entendido como aquel que se presta de manera regular para satisfacer ciertas necesidades de la colectividad, y que analizada la naturaleza del servicio de taxi, el mismo satisface una necesidad pública y masiva, independientemente del tipo de persona encargada de prestar el servicio; servicio que se encuentra dirigido a todo aquel que lo necesite, sin que sea constitutivo del carácter de servicio público la autorización o concesión otorgada por parte del Estado, señalando además que las normas sobre transporte público no resultan aplicables en virtud a lo dispuesto por el artículo VIII del Código Tributario.
Octavo: Así dictadas las sentencias, no se advierte que las mismas hayan vulnerado el principio de motivación de las resoluciones judiciales ni el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la decisión a las que ellas se arriba responde a un razonamiento jurídico que se desprende de los fundamentos expresados tanto de hecho como de derecho, advirtiéndose además que no todos los conceptos a los que se requiere acudir para sustentar una sentencia deberán tener contenido jurídico y que en este caso el debate se ha presentado en relación precisamente a determinar si se debía o no acudir a las normas que sobre transporte invoca la SUNAT, especialmente el Decreto Legislativo N° 651, que establece la libre competencia en las tarifas de servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en todo el país.
Noveno: Que, más allá de lo expuesto, atendiendo a la denuncia de interpretación errónea del numeral 2 del apéndice II del Decreto Legislativo N° 821, es preciso recordar que los términos en que se expresa la disposición liberatoria hacen mención al “… servicio de transporte público …” en contraposición a lo que sería el servicio de transporte privado, supuesto aquel en el que se subsume perfectamente el servicio de taxi; servicio al que no se le niega sea un servicio, como tampoco el que comprenda el transporte de las distintas personas que quieran recurrir a él y cuyo carácter público se configura por la satisfacción del interés de la colectividad, interpretación que se ratifica además con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 136-96-EF, que en su Décimo Primera Disposición Final precisaba que la exoneración no incluye el transporte en vehículos de alquiler prestado a turistas, escolares, personal de empresas y cualquier otro similar.
Décimo: Que, se deberá tener en cuenta respecto a la exoneración, el hecho de que ya el artículo 42 del Decreto Legislativo N° 329 clasificaba al servicio de taxi como un servicio público de transporte de pasajeros, tal como ha sido entendido en la impugnada, en tanto que el Decreto Supremo N° 040-2001-MTC, clasificó en su artículo 18 al transporte público terrestre como aquel servicio que está a disposición de la población en general y es retribuído en forma económica, presentándose el caso incluso de que por Ley N° 27189 se regula el transporte público especial en vehículos menores, reconociéndose en su artículo 1 la naturaleza del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores, mototaxis y otros similares; como es posible advertir, no se configura la interpretación errónea denunciada, menos si como ha sido precisado el Decreto Legislativo N° 651 es una norma destinada a establecer la libre competencia de tarifas de servicio público de transporte y su acceso, y no una destinada a delimitar los ámbitos de éste.
Por tales consideraciones, resulta de aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil.
4.- DECISIÓN:
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos veinticuatro por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT contra la sentencia de vista de fojas doscientos dieciséis su fecha dieciocho de junio del dos mil ocho; CONDENARON a la recurrente al pago de una multa de tres Unidades de Referencia Procesal; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”; en los seguidos contra el Tribunal Fiscal y otros sobre Impugnación de Resolución Administrativa; Señor Vocal Ponente: MENDOZA RAMÍREZ; y los devolvieron.-
S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
ACEVEDO MENA
FERREIRA VILDOZOLA
VINATEA MEDINA
MORALES GONZÁLES
