Informe SUNAT sobre tratamiento tributario de la Amazonía - Empresa pùblica de servicios de electricidad

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Si una empresa pública presta servicios de electricidad en el ámbito geográfico de la Amazonía, pero no cuenta con domicilio fiscal en dicha zona, no está inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía y sus activos fijos instalados en la Amazonía no superan el 70% del total de los mismos, se encontrará afecta al IGV por la prestación de dichos servicios.

INFORME N° 079-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si una empresa pública que presta servicios de electricidad bajo el ámbito de la Amazonía debe facturar el Impuesto General a las Ventas (IGV), teniendo en consideración que la empresa no cuenta con domicilio fiscal en la Amazonía, no está inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía y sus activos fijos instalados en dicha zona no superan el 70% del total de sus activos fijos.

BASE LEGAL:

- Ley N.° 27037([1]), Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (en adelante, Ley de la Amazonía).

- Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, aprobado por el Decreto Supremo N.° 103-99-EF([2]) (en adelante, Reglamento de la Ley de la Amazonía).

ANÁLISIS:

En principio, cabe indicar que la exoneración del IGV dispuesta en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley de la Amazonía, aplicable a los contribuyentes ubicados en la Amazonía, entre otras operaciones, por la prestación de servicios en dicha zona, se encuentra vigente a la fecha([3]).

Teniendo en consideración lo antes expuesto, es del caso señalar lo siguiente:

1. El numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley de la Amazonía dispone que los contribuyentes ubicados en la Amazonía gozarán de la exoneración del IGV, entre otras operaciones, por los servicios que se presten en dicha zona.

Agrega que los contribuyentes aplicarán el IGV en todas sus operaciones fuera del ámbito de la Amazonía, de acuerdo a las normas generales del señalado impuesto.

2. De otro lado, el artículo 2° del Reglamento de la Ley de la Amazonía señala que los beneficios tributarios establecidos, entre otros, en el artículo 13° de dicha Ley, serán de aplicación únicamente a las empresas ubicadas en la Amazonía.

Para tal efecto, el artículo 1° del mencionado Reglamento define al término “empresas” como las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía.

Asimismo, el citado artículo 2° del Reglamento bajo comentario establece que se entiende que una empresa está ubicada en la Amazonía cuando cumpla con los siguientes requisitos:

a) Que su domicilio fiscal se encuentre ubicado en la Amazonía, el cual debe coincidir con el lugar donde se encuentra su sede central([4]).

b) Que se encuentre inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía, en caso de tratarse de una persona jurídica.

c) Que en la Amazonía se encuentre como mínimo el 70% de sus activos fijos, debiendo estar incluido en dicho porcentaje, la totalidad de los medios de producción, entendiéndose por tal los inmuebles, maquinarias y equipos utilizados directamente en la generación de la producción de bienes, servicios o contratos de construcción.

d) Que no tenga producción fuera de la Amazonía. Este requisito no es aplicable a las empresas de comercialización.

Tratándose de servicios o contratos de construcción, se entenderá por producción la prestación de servicios o la ejecución de contratos de construcción en la Amazonía, según corresponda.

Añade este artículo que los requisitos antes detallados son concurrentes y deberán mantenerse mientras dure el goce de los beneficios tributarios. En caso contrario, éstos se perderán a partir del mes siguiente de ocurrido el incumplimiento de cualquiera de ellos, y por el resto del ejercicio gravable.

3. Así, como quiera que la empresa pública materia de consulta no cuenta con domicilio fiscal en la Amazonía, no está inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía y sus activos fijos instalados en dicha zona no superan el 70% del total de sus activos fijos; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° del Reglamento de la Ley de la Amazonía, la misma no califica como una “empresa ubicada en la Amazonía” y, por ende, no podrá gozar de la exoneración del IGV por la prestación de los servicios de electricidad que preste en dicha zona.

CONCLUSIÓN:

Si una empresa pública presta servicios de electricidad en el ámbito geográfico de la Amazonía, pero no cuenta con domicilio fiscal en dicha zona, no está inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía y sus activos fijos instalados en la Amazonía no superan el 70% del total de los mismos, se encontrará afecta al IGV por la prestación de dichos servicios.

Lima, 20 MAY 2009

Original firmado por

CLARA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendencia Nacional Jurídica
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[1] Publicada el 30.12.1998, y normas modificatorias.

[2] Publicado el 26.6.1999, y norma modificatoria.

[3] De acuerdo a lo previsto en las leyes N° 29175, N° 29310 y N° 29343.

[4] Entendiéndose por sede central, el lugar donde tiene su administración y lleva su contabilidad.

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Los gastos de contratos de colaboraciòn empresarial que no llevan contabilidad independiente se imputan en el ejercicio en que se devenguen

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Para la determinación del Impuesto a la Renta, los gastos en que se incurran a través de los contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad independiente a la de sus integrantes deben imputarse al ejercicio comercial en que se devenguen.

INFORME N.° 076-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:
Se consulta si en el caso de los contratos de joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, el artículo 29º de la Ley del Impuesto a la Renta también regula la oportunidad en que se entienden atribuidos los gastos a favor de las partes contratantes.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias.

- Ley N.° 26887 – Ley General de Sociedades, publicada el 9.12.1997, y normas modificatorias (en adelante, LGS).

ANÁLISIS:

En principio, entendemos que la consulta se encuentra orientada a determinar la oportunidad de imputación de los gastos de los contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente a la de sus integrantes.

Al respecto, se tiene lo siguiente:

1. El artículo 438º de la LGS señala que se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Agrega que el contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.

Sobre el particular, Ricardo Beaumont Callirgos comenta que “el contrato asociativo, es un género contractual que contiene diversos tipos de contratos caracterizados por la colaboración entre las partes intervinientes que les permite la participación e integración en negocios o empresas determinadas”([1]).

2. De otro lado, el cuarto párrafo del artículo 14º del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta establece que en el caso de las sociedades irregulares previstas en el artículo 423° de la Ley General de Sociedades, excepto aquellas que adquieren tal condición por incurrir en las causales previstas en los numerales 5 y 6 de dicho artículo; comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, las rentas serán atribuidas a las personas naturales o jurídicas que las integran o que sean parte contratante.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29º del referido TUO, las rentas obtenidas por las empresas y entidades y las provenientes de los contratos a los que se hace mención en el tercer y cuarto párrafo del artículo 14º de dicho TUO, se considerarán del propietario o de las personas naturales o jurídicas que las integran o de las partes contratantes, según sea el caso, reputándose distribuidas a favor de las citadas personas aun cuando no hayan sido acreditadas en sus cuentas particulares.

Agrega el mismo artículo que igual regla se aplicará en el caso de pérdidas aun cuando no hayan sido cargadas en dichas cuentas.

Por su parte, el artículo 18º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que para efecto del artículo 29º de la ley, las sociedades, entidades y los contratos de colaboración empresarial a que se refiere el último párrafo del artículo 14º de la ley, atribuirán sus resultados a las personas jurídicas o naturales que las integran o que sean parte contratante al cierre del ejercicio gravable o al término del contrato, lo que ocurra primero. Añade que la atribución se realizará en función a la participación establecida en el contrato o en el pacto expreso en el que acuerden una participación distinta, el cual deberá ser puesto en conocimiento de la SUNAT al momento de la comunicación o solicitud para no llevar contabilidad independiente.

Finalmente, es del caso indicar que el inciso a) del segundo párrafo del artículo 57º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen.

El penúltimo párrafo del mismo artículo indica que las normas establecidas en el segundo párrafo de este artículo serán de aplicación para la imputación de los gastos.

3. Según se desprende de las normas anteriormente citadas, los contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad independiente a la de sus integrantes no son contribuyentes del Impuesto a la Renta. Tal condición recae directamente sobre las personas naturales o jurídicas que son parte de la relación contractual.

Así tenemos que el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta establece un régimen de “transparencia fiscal” para estas entidades asociativas, siendo sus integrantes los contribuyentes del impuesto.

En ese sentido, dichos integrantes son los que deben cumplir todas las obligaciones sustanciales correspondientes a los perceptores de rentas de la tercera categoría.

Ahora bien, para la determinación del Impuesto a la Renta de la tercera categoría, tanto los ingresos como los gastos se imputan al ejercicio comercial de su devengo. Esta regla debe hacerse extensiva para la determinación del impuesto correspondiente a los integrantes de un contrato de colaboración empresarial que no lleva contabilidad independiente a aquellos, pues no existe una disposición legal distinta para este supuesto.

En ese sentido, la imputación de gastos se efectúa en el ejercicio en que se devenguen, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, sin importar cuál de las alternativas previstas en el artículo 65º de dicho TUO se haya elegido para contabilizar las operaciones efectuadas a través del contrato([2]).

CONCLUSIÓN:

Para la determinación del Impuesto a la Renta, los gastos en que se incurran a través de los contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad independiente a la de sus integrantes deben imputarse al ejercicio comercial en que se devenguen.

Lima, 18 de mayo de 2009

Original firmado por

CLARA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional Jurídico
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[1] BEAUMONT CALLIRGOS, RICARDO. Comentarios a la Ley General de Sociedades. Gaceta Jurídica. Cuarta Edición, Agosto 2004. Página 921.

[2] El quinto párrafo del mencionado artículo establece que tratándose de contratos en los que por la modalidad de la operación no fuera posible llevar la contabilidad en forma independiente, cada parte contratante podrá contabilizar sus operaciones, o de ser el caso, una de ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, debiendo en ambos casos, solicitar autorización a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, quien la aprobará o denegará en un plazo no mayor a quince días. De no mediar resolución expresa, al cabo de dicho plazo, se dará por aprobada la solicitud. Quien realice la función de operador y sea designado para llevar la contabilidad del contrato, deberá tener participación en el contrato como parte del mismo.

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Venta de bienes futuros y la NIC 18

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1. Para fines de la realización de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, los ingresos relacionados con la venta de bienes futuros se consideran devengados cuando se cumplan con todas las condiciones señaladas en el párrafo 14 de la NIC 18.

2. Los contribuyentes que por error hayan realizado pagos a cuenta superiores a los que les correspondería efectuar por concepto de renta de tercera categoría del Impuesto a la Renta, podrán optar por solicitar la devolución en virtud a lo dispuesto en los artículos 38° y 39° del TUO del Código Tributario, o por efectuar la compensación automática, debiendo en este último caso ceñirse a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 55° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

INFORME N.° 085-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:

En relación con los anticipos por las ventas de bienes futuros, se consulta lo siguiente respecto a su incidencia en la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta:

1. ¿Los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta deberán reconocerse y pagarse cuando cumplan las cinco condiciones de la NIC 18?

2. De ser así, ¿cómo deberán proceder aquellas empresas que han efectuado el pago a cuenta del Impuesto a la Renta antes de que cumplan las cinco condiciones de la NIC 18?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1. El primer párrafo del artículo 85º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, cuotas mensuales que determinarán con arreglo a alguno de los sistemas señalados en dicho párrafo([1]).

El segundo párrafo del referido artículo establece que, para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza; e impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se refiere el primer párrafo del artículo 55º de dicha Ley.

Por su parte, el numeral 3 del inciso a) del artículo 54º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que, para efecto de lo dispuesto en el artículo 85° de la Ley, se consideran ingresos netos al total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza. Se excluye de dicho concepto al saldo de la cuenta “Resultado por Exposición a la Inflación”- REI.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las normas que regulan el Impuesto a la Renta no definen cuándo se considera devengado un ingreso, por lo que resulta necesaria la utilización de la definición contable del principio de lo devengado([2]), a efecto de establecer la oportunidad en la que deben imputarse los ingresos a un ejercicio determinado.

Así pues, el párrafo 22 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros([3]) señala que, con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Agrega que, según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo).

Por su parte, el párrafo 14 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 – Ingresos([4]) establece que los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;

(b) la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

(c) el importe de los ingresos ordinarios puede ser medido con fiabilidad;

(d) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y

(e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

De lo expuesto, se tiene que para fines de la realización de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, los ingresos relacionados con la venta de bienes futuros se consideran devengados cuando se cumplan con todas las condiciones señaladas en el párrafo 14 de la NIC 18.

2. En cuanto a la segunda consulta, cabe indicar que el numeral 5 del artículo 55º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que los pagos a cuenta y retenciones en exceso sólo podrán ser compensados con los pagos a cuenta o retenciones que se devenguen con posterioridad al pago en exceso.

Si bien el inciso citado contempla una compensación automática del crédito pero limitada respecto a pagos a cuenta o retenciones devengados posteriormente, no existe norma alguna en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, ni en el Reglamento de dicho impuesto, que establezca -en el supuesto materia de consulta- una restricción a la devolución del mencionado crédito.

En merito a lo expuesto, se concluye que los contribuyentes que por error hayan realizado pagos a cuenta superiores a los que les correspondería efectuar por concepto de renta de tercera categoría del Impuesto a la Renta, podrán optar por solicitar la devolución en virtud a lo dispuesto en los artículos 38° y 39° del TUO del Código Tributario, o por efectuar la compensación automática, debiendo en este último caso ceñirse a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 55° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta([5]).

CONCLUSIONES:

1. Para fines de la realización de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, los ingresos relacionados con la venta de bienes futuros se consideran devengados cuando se cumplan con todas las condiciones señaladas en el párrafo 14 de la NIC 18.

2. Los contribuyentes que por error hayan realizado pagos a cuenta superiores a los que les correspondería efectuar por concepto de renta de tercera categoría del Impuesto a la Renta, podrán optar por solicitar la devolución en virtud a lo dispuesto en los artículos 38° y 39° del TUO del Código Tributario, o por efectuar la compensación automática, debiendo en este último caso ceñirse a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 55° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Lima, 28 de mayo de 2009

Original firmado por
CLARA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional Jurídico
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[1] Estos sistemas son: a) Coeficiente, y b) Porcentaje (2%).

[2] De conformidad con lo establecido por la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, en lo no previsto por dicho Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios de Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho.

[3] Oficializada mediante la Resolución Nº 005-94-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad, vigente a partir del 1.1.1994.

[4] NIC oficializada mediante la Resolución Nº 007-1996-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad, vigente a partir del 1.1.1996.

[5] Sin perjuicio de ello, los contribuyentes también podrán acreditar sus pagos a cuenta contra el Impuesto a la Renta del ejercicio, al amparo del inciso b) del artículo 88º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

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A SUNAT no le corresponde la administración de las tasas registrales cuya funciòn sea de SUNARP

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La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) no le corresponde la Administración de las tasas registrales cuya liquidación y cobro es función de los órganos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

OFICIO N.° 010-2009-SUNAT/2B0000

Lima, 24 MAR 2009

Señor
LORGIO MARTÍNEZ CASTRO
Sub Gerente de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N.º IX -

Sede Lima
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Presente.-

REF.: Oficio N.º 1128-2008-SUNARP Z.R. NºIX/GAF-SDMP

De mi consideración:

Me dirijo a usted en relación con el documento de la referencia, mediante el cual consulta si el acto registral levantamiento de embargos penales que vienen solicitando los Juzgados Penales se encuentra inafectado al pago de tasas registrales, según la interpretación que hacen los Juzgados Penales.

Al respecto, se adjunta copia del Oficio N.º 359-2008-SUNAT/200000 de fecha 22.7.2008 en el que se señaló que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) no le corresponde la Administración de las tasas registrales cuya liquidación y cobro es función de los órganos de la SUNARP.

Es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial estima.

Atentamente,

Original firmado por
CLARA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional Jurídico

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Las liquidaciones de cobranza emitidas por las agencias de viaje por el servicio prestado no constituyen comprobantes de pago

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Las liquidaciones de cobranza emitidas por las agencias de viaje por el servicio prestado no constituyen comprobantes de pago, tal como se ha sostenido en el Informe N.° 195-2004-SUNAT/2B0000, criterio que no ha variado con la emisión de la Resolución de Superintendencia N.° 166-2004/SUNAT, mediante la cual se dictan las normas para la emisión de Boletos de Transporte Aéreo de Pasajeros, aun cuando conforme a lo dispuesto en esta norma el boleto de transporte aéreo emitido por medio electrónico por una Compañía de Aviación Comercial, puede ser otorgado por dicha empresa o por un Agente de Ventas a nombre de ella, empleando un Sistema de Emisión Globalizado.

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

OFICIO N° 132-2009-SUNAT/200000

Lima, 24 de marzo de 2009

Señora

CECILIA CORNEJO CABALLERO
Secretaria del Tribunal
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Presente
Referencia: 1) Oficio N.° 276/2009.STC
2) Oficio N.° 02-2009-SUNAT/2B2000
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con el documento 1) de la referencia, mediante el cual solicita, a efectos de tener mayores elementos de juicio al momento de resolver el procedimiento recaído en el Expediente N.° 4923/2008.TC, se le informe lo siguiente:

1. Si los documentos o liquidaciones de cobranza emitidos por las agencias de viaje a los usuarios, y en los que se especifica el monto correspondiente al boleto aéreo que le han facilitado como parte del servicio que prestan, constituyen comprobantes de pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Reglamento de Comprobantes de Pago([1]).

2. Si el contenido del Informe N.° 195-2004-SUNAT/2B0000([2]) sigue vigente.

Sobre el particular, le informamos que las liquidaciones de cobranza emitidas por las agencias de viaje por el servicio prestado no constituyen comprobantes de pago, tal como se ha sostenido en el Informe N.° 195-2004-SUNAT/2B0000, el cual se encuentra vigente.

Cabe señalar que si bien en la nota 1 del mencionado Informe se indicó que el mismo no consideraba las modificaciones efectuadas a partir del 1.7.2004, la emisión de la Resolución de Superintendencia N.° 166-2004/SUNAT([3]) mediante la cual se dictan las normas para la emisión de Boletos de Transporte Aéreo de Pasajeros, no varía el criterio contenido en dicho Informe, aun cuando conforme a lo dispuesto en esta norma el boleto de transporte aéreo emitido por medio electrónico por una Compañía de Aviación Comercial, puede ser otorgado por ella o por un Agente de Ventas a nombre de ella, empleando un Sistema de Emisión Globalizado.

Finalmente, es necesario mencionar que, a través del documento 2) de la referencia, se ha solicitado a su Despacho una prórroga en el plazo otorgado para la atención del pedido formulado.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima.

Atentamente,

Original firmado por

ANGEL E. SÁNCHEZ CAMPOS
Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos
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[1] Aprobado por Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, y normas modificatorias.

[2] El cual se encuentra disponible en la página web de la SUNAT: www.sunat.gob.pe

[3] Publicada el 4.7.2004, y norma modificatoria.

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Oficio SUNAT sobre cuarta categoría respecto retenciones

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Los contribuyentes que exhiban y/o entreguen su Constancia de Autorización de cuarta categoría - Formulario 1609, vigente para el ejercicio gravable 2009, no están sujetos a retención por las rentas de cuarta categoría que perciban, sin importar si sus ingresos superan o no los montos establecidos en la Resolución de Superintendencia N.º 004-2009/SUNAT, salvo cuando se deba reiniciar las retenciones y, para ello, consignen los montos correspondientes a dichas retenciones en los comprobantes de pago que emitan.

OFICIO N.° 142-2009-SUNAT/200000

Lima, 01 de Abril de 2009

Señora

MARÍA JESÚS GAMARRA DE FERNÁNDEZ

Directora General de Administración y Operaciones

Despacho Presidencial

Presente.-

Ref.: Oficio N.º 105-2009-DP/DGAO

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con el documento de la referencia, mediante el cual su Despacho consulta si existe la obligación de retener el Impuesto a la Renta de cuarta categoría a personas contratadas bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS que presentan las Constancias de Suspensión de cuarta categoría - Formulario 1609, cuando dichas personas perciban una contraprestación mensual y anual que excede los límites fijados por la Resolución de Superintendencia N.º 004-2009/SUNAT.

Al respecto, se remite copia del Informe N.º 046-2009-SUNAT/2B0000 en el cual se ha señalado lo siguiente:

“... es obligación de los agentes de retención que paguen o acrediten rentas de cuarta categoría, efectuar la retención del Impuesto a la Renta correspondiente a dichas rentas, salvo que el importe del recibo por honorarios pagado no supere los S/. 1,500.00 o el perceptor cumpla con exhibir y/o entregar, según corresponda, la Constancia de Autorización, la cual tiene vigencia por todo el tiempo que resta hasta el término del ejercicio gravable.

Asimismo, el agente de retención deberá reiniciar las retenciones respectivas si el contribuyente consigna en sus comprobantes de pago el importe correspondiente a dichas retenciones, lo cual tendrá lugar cuando, luego de otorgada la autorización, el contribuyente sufra una variación en sus ingresos que suponga la existencia de un saldo pendiente respecto al impuesto proyectado por rentas de cuarta categoría o de cuarta y quinta categorías”.

En consecuencia, los contribuyentes que exhiban y/o entreguen su Constancia de Autorización vigente para el ejercicio gravable 2009, no están sujetos a retención por las rentas de cuarta categoría que perciban, sin importar si sus ingresos superan o no los montos establecidos en la Resolución de Superintendencia N.º 004-2009/SUNAT, salvo cuando se deba reiniciar las retenciones y, para ello, consignen los montos correspondientes a dichas retenciones en los comprobantes de pago que emitan.

Es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial estima.

Atentamente,

Original Firmado por
ÁNGEL E. SÁNCHEZ CAMPOS
Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos

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Para efectos de la exoneración del IGV en la Amazonía el consumo, empleo o realización debe ser exclusivamente en la zona de Amazonía

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Una persona consulta si es posible que una entidad ubicada en la Amazonía emita una factura sin IGV a una empresa que tenga domicilio fuera de amazonia pero que tenga un establecimiento en dicha zona y el bien se utilizará y consumirá la zona de la Amazonía.

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley N° 27037 Ley para la promoción de la inversión en la Amazonía establece claramente que los contribuyentes ubicados en la Amazonía gozarán de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), por las siguientes operaciones:

a) La venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma;

b) Los servicios que se presten en la zona; y,

c) Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos en dicha zona.

Los contribuyentes aplicarán el Impuesto General a las Ventas en todas sus operaciones fuera del ámbito indicado en el párrafo anterior, de acuerdo a las normas generales del señalado impuesto.

Conforme a lo indicado si la entidad ubicada en la Amazonía le factura a otra entidad cuyo domicilio se encuentra fuera de la amazonía debe especificar, sea en la guía de remisión o en la misma factura, en forma clara que el consumo de los bienes se realizará en la zona de la amazonía haciendo referencia que el destino será el establecimiento ubicado en la zona de la Amazonía.

Este punto es importante ya que si el control movil de SUNAT o ADUANAS interviene el vehículo en pleno traslado hacia una zona de tributación común sin reintegrar el 19% del IGV serían aplicables las sanciones establecidas en los numerales 3 y 10 del artículo 174 del Código Tributario.

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Operaciones sujetas al sistema de detracciones del IGV - Realidad Económica

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Muchas entidades buscan evitar la aplicación del sistema de detracciones bajo argumentos "poco afortunados" que a veces hasta causa espanto siquiera escucharlos. Se debe tener en cuenta que para determinar los tipos de actividades además de la revisión de los criterios plasmados en los códigos de la clasificación de las Naciones Unidas CIIU o en la lectura literal se debe considerar la "esencia o realidad económica" muy al margen de la parafernalia legal.

Algunos infames suelen argumentar que su factura dice "tal concepto" y que en virtud de dicha descripción ya no debe aplicarse estas disposiciones, lo cual carece de argumento e inrepretación de la esencia económica de las actividades, principalmente empresariales.

Por ejemplo si una entidad prestadora de un servicio emite una factura con el concepto "por pintado" y alude que no se encuentra comprendida esta actividad bajo el ámbito del SPOT, este análisis sería incipiente y poco profesional.

Analizando con detalle el caso, nos damos con la sorpresa que la actividad consistía en lo siguiente:

"El pintado consiste en la representación gráfica del logo y de la marca del usuario con colores y diseño que facilite la difusión publicitaria"

Analizando la clase 7430 Publicidad del CIIU de Naciones Unidas:

"En esta clase se incluye la prestación de servicios de publicidad. Las actividades de las empresas de publicidad abarcan la creación y colocación de anuncios para sus clientes en revistas, periódicos y estaciones de radio y televisión; la publicidad al aire libre, como por ejemplo mediante carteles, tableros, boletines y carteleras, y la decoración de escaparates, el diseño de salas de exhibición, la colocación de anuncios en automóviles y autobuses, etc.; la representación de los medios de difusión, a saber, la venta de tiempo y espacio de diversos medios de difusión interesados en la obtención de anuncios; la publicidad aérea; la distribución y entrega de materiales y muestras de publicidad; y el alquiler de espacios de publicidad".

El tipo de servicio descrito "por pintado" en realidad corresponde a un servicio que FACILITARÁ la difusión publicitaria lo cual en esencia califica como "publicidad". Este servicio se encontrará afecto al sistema cuando en conjunto el importe total de la operación supere S/.700.00.

Si por ejemplo este servicio se facturó de la siguiente forma:

- 01 de noviembre del 2009....S/.300 + IGV

- 04 de noviembre del 2009...S/.350 + IGV

- 07 de noviembre del 2009...S/.300 + IGV

- 15 de noviembre del 2009...S/.350 + IGV

- 02 de diciembre del 2009...S/.100 + IGV

- 04 de diciembre del 2009...S/.100 + IGV

Como se puede apreciar la suma de las operaciones (importe) corresponde a S/.1,500.00 + IGV que ampliamente supera los S/.700. Un detalle particular es que no interesa que correspondan a meses diferentes, ya que el importe de la operación involucra considerar aspectos tales como contratos u otras obligaciones relacionadas a la prestación continuada del servicio.

Por consiguiente inclusive se deberá efectuar el depósito del SPOT respecto a las facturas emitidas el 02 y 05 de diciembre (S/.100 + IGV c/u) según el caso descrito.

Recordar que el depósito del SPOT no es una sanción, sino un sistema que genera fondos para que el contribuyente pueda cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias (renta, IGV, Essalud, costas y gastos de sanciones, enrte otros), por consiguiente se recomienda "en caso de duda efectuar la detracción" (In dupio pro detraccion).

En el caso de los servicios de arquitectura la situaciòn es similar por ejemplo cuando una entidad prestará los servicios de instalación de baldosas y su acondicionamiento, ya que de por si la actividad que realiza esta entidad se encontraría afecta a las disposiciones de este sistema de detracciones.

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Poder Ejecutivo propone proyecto que modifica la Ley del Impuesto a la Renta

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Se autoriza su difusión siempre que se cite al autor en virtud de la legislación peruana y estadounidense de derechos de autor

Alan Emilio Matos Barzola

Mediante Proyecto de Ley Nº 3689/2009-PE, de fecha 19 de noviembre del 2009 se presentó un proyecto que modifica la normatividad del Impuesto a la Renta incluyendo la aplicación del Decreto Legislativo Nº 972.

Entre otros puntos se propone exonerar las ganancias de capital provenientes valores mobiliarios bajo la siguiente fórmula:

“ARTICULO 19º

(…)

p). Las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2 de esta Ley, o derechos sobre éstos, efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó tributar como tal, hasta por las primeras cinco (5) UIT en cada ejercicio gravable”

Esta medida fue impulsada por los empresarios y personalmente me parece correcta a fin de no crear obligaciones sobredimensionadas a los agentes poco significativos en relación con otras enajenaciones de mayor importe.

Otra medida acertada es la determinación del costo computable de las acciones y participaciones bajo la siguiente fórmula:

“Artículo 21º.-

(…)

e). Tratándose de acciones o participaciones de una sociedad, todas con iguales derechos, que fueron adquiridas o recibidas por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo computable estará dado por su costo promedio ponderado. El Reglamento establecerà la forma de determinar el costo promedio ponderado.

21.3. Otros valores mobiliarios

El costo computable será el costo de adquisición. Sin embargo, si hubieren sido adquiridos a título gratuito por causa de muerte o por actos entre vivos, el costo computable será su valor nominal.

Tratándose de valores mobiliarios del tipo , todos con iguales derechos, que fueron adquiridos o recibidos por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo computable se determnará aplicando lo dispuesto en el inciso e) del numeral anterior“.

La propia ley delegaría al reglamento la forma de establecer el costo promedio ponderado vía decreto supremo del Mnisterio de Economía y Finanzas; y respecto a los otros valores mobiliarios el costo se determinarái en función a la adquisición o valor nominal.

De otra parte el proyecto sustituye disposiciones en cuanto a la habitualidad de las ganancias de capital como rentas de tercera categoría:

“Artículo 28.-

d). Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se refieren los artículos 2º y 4º de esta Ley, respectivamente.

En el supuesto a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, constituye renta de tercera categoría la que se origina a partir de la tercera enajenación, inclusive.

(…)

Las rentas y ganancias de capital previstas en los incisos a) y d) de este artículo, producidas por la enajenaciòn, redenciòn o rescate de los bienes a que se refiere el inciso l) del artículo 24 de esta Ley, sólo calificarán como de tercera categoría cuando quién las genere sea una persona jurídica“.

Por otra parte se sustituye la aplicación del artículo 72 de la Ley del Impuesto a la Renta relacionada con las retenciones definitivas de segunda categoría, subsistiendo la alícuota del 6.25% sobre la renta neta salvo lo dispuesto en el caso previsto en el inciso a) del artículo 73º-C:

“Artículo 73-C.- En el caso de enajenaciòn de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2 de esta Ley, efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó tributar como tal, domiciliada en el país, se deberá realizar el pago o la retenciòn del impuesto por rentas de funete peruana, según corresponda, aplicando la tasa del 5% sobre la renta bruta, de acuerdo con lo siguiente:

a). Cuando se negocien valores mobiliarios emitidos por empresas, sociedades, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión en valores o patrimonios fideicometidos constituidos o establecidos en el país, a través de mecanismos centralizados de negociación en el Perú, el pago del impuesto deberá ser efectuado por la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, enajenante de los referidos valores mobiliarios.

b). En los demás casos, la retención deberá ser realizada por el adquiriente de dichos bienes, en el momento en que pague o acredite las rentas respetivas.

Para efecto de la retención, el enajenante deberá informar por escrito al adquiriente el costo computable de los bienes enajenados a efectos de aplicar la retención del 5% sobre la renta bruta. De no cumplir con lo señalado, la retenciòn se efectuará sobre el monto total pagado o acreditado por el adquiriente; sin perjuicio, de que el enajenante solicite la devoluciòn del monto retenido en exceso, para lo cual deberá sustentar el costo computable ante la Administración Tributaria.

El Impuesto pagado o retenido, segùn corresponda, por rentas de segunda categoría, tendrà caracter definitivo.

Los pagos o retenciones previstos en este artìculo deberán abonarse al fisco dentro de los plazos establecidos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual“.

En el caso de dividendos la retención se efectuará conforme con lo señalado en el artículo 73-A, es decir, aplicando el 4.1%.

El proyecto propone que la entrada en vigencia sea el 01 de enero del 2010, por lo cual estaremos atentos al debate del Congreso.

En igual sentido cabe indicar que el proyecto considera que dada la eliminación del tercer pàrrafo del inciso a) del artículo 37 de la Ley del IR, no tuvo en cuenta que parte de los ingresos financieros generados por las entidades financieras pasaban de estar exonerados a inafectos, el proyecto considera necesario establecer una continuidad y estabilidad en el tratamiento especial de las entidades financieras respecto de la deducción de sus gastos financieros.

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NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas

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La NIIF 5 reemplaza a la NIC 35 Operaciones en Discontinuación (párrafo 54 de la NIIF 5).

La NIIF 5 es vigente en nuestro país a partir del 01 de enero del 2006 en virtud de la Resolución del Consejo Normativo de contabilidad N° 034-2005-EF/93.01.

El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones discontinuadas. En particular, la NIIF exige que:

(a) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así como que cese la depreciación de dichos activos; y

(b) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el balance, y que los resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por separado en el estado de resultados.

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Informe SUNAT sobre arrendamiento financiero

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En relación con las cuotas de un arrendamiento financiero celebrado por una persona jurídica no domiciliada en el país registrada en la SBS con un arrendatario domiciliado en el Perú, respecto de un bien mueble ubicado en el territorio nacional:

1. La empresa arrendadora no domiciliada en el país estará sujeta al Impuesto a la Renta, el cual se determinará aplicando la tasa del 4.99% si se cumplen con los requisitos detallados en el inciso a) del artículo 56° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta o, en caso contrario, se aplicará la tasa del 30%.

En este caso, el arrendatario deberá retener el impuesto y abonarlo al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.

2. La empresa arrendataria domiciliada en el Perú deberá tributar el IGV (como contribuyente) considerando el arrendamiento financiero como un supuesto de utilización de servicios en el país. Para ello, deberá aplicar la tasa del 19% sobre las cuotas que se deben pagar como retribución por el arrendamiento.

INFORME N.° 225-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta cuál es el tratamiento aplicable respecto del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta al pago de las cuotas de arrendamiento financiero que efectúa una empresa domiciliada en calidad de arrendatario a otra empresa no domiciliada que tiene la calidad de arrendador, considerando que en el contrato se ha pactado que las cuotas se pagarán en un plazo de nueve años.

BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo N.° 299, norma que considera arrendamiento financiero, el contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a comprar dichos bienes, publicado el 29.7.1984, y normas modificatorias.

- Decreto Legislativo N.º 915, norma que precisa los alcances del artículo 18º del Decreto Legislativo N.º 299, modificado por la Ley N.º 27394, publicado el 12.4.2001.

- Decreto Supremo N.° 559-84-EFC por el cual se establecen normas aplicables a operaciones de arrendamiento financiero, publicado el 30.12.1984.

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias.

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, publicado el 15.11.2004 (en adelante, TUO de la Ley de Tributación Municipal).

ANÁLISIS:

Para efectos de la consulta, se parte del supuesto que el objeto del contrato es un bien mueble que se encuentra ubicado en el territorio nacional y el arrendador no domiciliado en el Perú es una persona jurídica registrada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para realizar operaciones de arrendamiento financiero en el mercado interno.

En ese sentido, corresponde señalar lo siguiente:

1. Conforme a lo establecido en el artículo 1° del Decreto Legislativo N.° 299, se considera arrendamiento financiero al contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante el pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado.

De otro lado, el artículo 15º del Decreto Supremo N.º 559-84-EFC indica que las empresas de arrendamiento financiero no domiciliadas en el país que deseen realizar operaciones de arrendamiento financiero en el mercado interno, deberán ser registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Para tal efecto, dichas empresas presentarán ante la SBS una solicitud acompañando la documentación que se detalla en esta norma.

Añade este artículo que la SBS, de considerar procedente la solicitud, inscribirá a la empresa no domiciliada en el Perú en un Registro que llevará para este tipo de empresas, otorgando la constancia de operación correspondiente. Dicha constancia faculta a realizar operaciones previo cumplimiento de los requerimientos sectoriales correspondientes.

2. En cuanto al régimen tributario del Impuesto a la Renta, cabe mencionar que según el texto vigente del artículo 18° del Decreto Legislativo N.° 299, introducido a partir del ejercicio 2001 por la Ley N.° 27394([1]), los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se deben registrar contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad.

Añade que el arrendador considerará la operación de arrendamiento financiero como una colocación de acuerdo a las normas contables pertinentes.

Adicionalmente, el artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 915 precisa que la modificación del citado artículo 18° solo resulta de aplicación para efecto del Impuesto a la Renta y las normas de ajuste por inflación del balance general con incidencia tributaria.

De las normas citadas se tiene que, para nuestra legislación, la naturaleza jurídica del arrendamiento financiero es la de un contrato oneroso de cesión en uso de bienes muebles o inmuebles, en el cual, además, se concede una opción de compra al cesionario por un valor previamente acordado.

Asimismo, el Decreto Legislativo N.° 299 contempla un régimen tributario aplicable a los contratos de arrendamiento financiero celebrados por empresas domiciliadas y no domiciliadas en el Perú que se encuentren autorizadas por la SBS. De acuerdo con dicho régimen, los mencionados contratos serán considerados como operaciones de colocación para fines del Impuesto a la Renta.

3. Ahora bien, el artículo 6° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que en caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae solo sobre las rentas gravadas de fuente peruana.

Al respecto, el inciso c) del artículo 9° del citado TUO señala que se consideran rentas de fuente peruana las producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, primas y toda suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra operación financiera, cuando el capital esté colocado o sea utilizado económicamente en el país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país.

En tal sentido, en el supuesto planteado en la consulta, la empresa arrendadora no domiciliada en el país deberá tributar el Impuesto a la Renta por las rentas que obtenga provenientes de la colocación efectuada a través del contrato de arrendamiento financiero.

Siendo ello así, resulta de aplicación el inciso a) del artículo 56º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, según el cual el impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país se determinará aplicando la tasa del cuatro punto noventa y nueve por ciento (4.99%) prevista para los intereses provenientes de créditos externos, siempre que cumpla con los requisitos señalados en dicho inciso([2]).

Sin embargo, de acuerdo con el inciso h) del mismo artículo 56°, será de aplicación la tasa del treinta por ciento (30%) para otras rentas no consideradas en los incisos precedentes, inclusive los intereses derivados de créditos externos que no cumplan con el requisito establecido en el numeral 1) del inciso a) o en la parte que excedan de la tasa máxima establecida en el numeral 2) del mismo inciso; los intereses que abonen al exterior las empresas privadas del país por créditos concedidos por una empresa del exterior con la cual se encuentra vinculada económicamente; o, los intereses que abonen al exterior las empresas privadas del país por créditos concedidos por un acreedor cuya intervención tiene como propósito encubrir una operación de crédito entre partes vinculadas.

Es del caso mencionar que el pago del impuesto correspondiente se efectúa vía retención sobre la totalidad de los importes pagados o acreditados a la empresa arrendadora no domiciliada, siendo la arrendataria la obligada a retener el impuesto y abonarlo al fisco con carácter definitivo([3]).

Cabe agregar que en el caso de contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar, a favor de no domiciliados, deberán abonar al fisco el monto equivalente a la retención en el mes en que se produzca su registro contable, independientemente de si se pagan o no las respectivas contraprestaciones a los no domiciliados. Dicho pago se realizará dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual

El pago del tributo deberá efectuarse en el PDT Otras Retenciones, Formulario Virtual 617 – Versión 1.7, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 009-2009/SUNAT.

De otro lado, el numeral 2 del artículo 45° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta indica que los agentes de retención que paguen rentas de cualquier categoría a contribuyentes no domiciliados, deberán entregar el certificado de rentas y retenciones al perceptor de dichas rentas, antes del 1° de marzo de cada año, en el que se deje constancia, entre otros, del importe abonado y del impuesto retenido correspondiente al año anterior, cuando el contribuyente no domiciliado lo solicite.

4. De otro lado, en cuanto al Impuesto General a las Ventas (IGV), el inciso b) del artículo 1° del TUO de la Ley del IGV señala que el IGV grava la prestación o utilización de servicios en el país.

Al respecto, el numeral 1 del inciso c) del artículo 3° del mismo TUO define como servicios a toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero.

Agrega que el servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional independientemente del lugar en que se pague o se perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el contrato([4]).

Cabe tener en cuenta que, según la precisión efectuada por el artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 915, la modificación del artículo 18° del Decreto Legislativo N.° 299 efectuada por la Ley N.° 27394 sólo resulta de aplicación para efecto del Impuesto a la Renta y las normas de ajuste por inflación del balance general con incidencia tributaria.

En tal sentido, para fines del IGV, la operación materia de análisis es considerada como un arrendamiento de bienes y califica como un supuesto de utilización en el país de servicios prestados por un no domiciliado en el Perú, el cual se encuentra gravado con dicho impuesto.

Ahora bien, el inciso c) del numeral 9.1 del artículo 9° del TUO de la Ley del IGV dispone que son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollen actividad empresarial, que utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados.

Adicionalmente, conforme al inciso b) del artículo 13° del TUO en mención, en la prestación o utilización de servicios, la base imponible del IGV está constituida por el total de la retribución.

Por su parte, el artículo 17° del TUO de la Ley del IGV señala que la tasa del impuesto es el 17%.

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 76° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) grava con una tasa del 2% las operaciones afectas al régimen del Impuesto General a las Ventas y se rigen por sus mismas normas.

Así, en el supuesto materia de consulta, la empresa arrendataria es contribuyente del IGV por la utilización en el país de servicios prestados por el no domiciliado, debiendo tributar el impuesto aplicando el 19% sobre el monto de las cuotas de arrendamiento financiero([5]), incluyendo el IPM.

Cabe agregar que el pago del IGV se realizará mediante el Sistema Pago Fácil, utilizando el Formulario Virtual N.° 1662 – Boleta de Pago([6]), en el cual se consignará como período tributario el que corresponda a la fecha de pago([7]).

CONCLUSIONES:

En relación con las cuotas de un arrendamiento financiero celebrado por una persona jurídica no domiciliada en el país registrada en la SBS con un arrendatario domiciliado en el Perú, respecto de un bien mueble ubicado en el territorio nacional:

1. La empresa arrendadora no domiciliada en el país estará sujeta al Impuesto a la Renta, el cual se determinará aplicando la tasa del 4.99% si se cumplen con los requisitos detallados en el inciso a) del artículo 56° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta o, en caso contrario, se aplicará la tasa del 30%.

En este caso, el arrendatario deberá retener el impuesto y abonarlo al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.

2. La empresa arrendataria domiciliada en el Perú deberá tributar el IGV (como contribuyente) considerando el arrendamiento financiero como un supuesto de utilización de servicios en el país. Para ello, deberá aplicar la tasa del 19% sobre las cuotas que se deben pagar como retribución por el arrendamiento.

Lima, 06 de noviembre de 2009

Original firmado por
PATRICIA PINGLO TRIPI
Intendente Nacional Jurídico (e)
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[1] Publicada el 30.12.2000.

[2] Dichos requisitos son los siguientes:

1.- En caso de préstamos en efectivo, que se acredite el ingreso de la moneda extranjera al país.

2.- Que el crédito no devengue un interés anual al rebatir superior a la tasa preferencial predominante en la plaza de donde provenga, más tres (3) puntos.

Los referidos tres (3) puntos cubren los gastos y comisiones, primas y toda otra suma adicional al interés pactado de cualquier tipo que se pague a beneficiarios del extranjero.

Agrega, que están incluidos en este inciso los intereses de los créditos externos destinados al financiamiento de importaciones, siempre que se cumpla con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

[3] De conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 71° del citado TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, son agentes de retención las personas o entidades que paguen o acrediten rentas de cualquier naturaleza a beneficiarios no domiciliados.

Asimismo, el artículo 76° del mismo TUO dispone que las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no domiciliados rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abonar al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual, los impuestos a que se refieren los artículos 54º y 56º de esta Ley, según sea el caso.

[4] En el Informe N.° 228-2004-SUNAT/2B0000, disponible en el Portal SUNAT (www.sunat.gob.pe), se ha concluido que, para efecto del IGV, a fin de determinar si el servicio prestado por un no domiciliado ha sido consumido o empleado en el territorio nacional, deberá atenderse al lugar en el que se hace el uso inmediato o el primer acto de disposición del servicio. Para tal efecto, deberán analizarse las condiciones contractuales que han acordado las partes a fin de establecer dónde se considera que el servicio ha sido consumido o empleado.

[5] Debe considerarse que, en la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, la obligación tributaria se origina en la fecha en que se anote el comprobante de pago en el Registro de Compras o en la fecha en que se pague la retribución (total o parcialmente), lo que ocurra primero. En el caso de pagos parciales, la obligación tributaria nace en el momento y por el monto que se pague.

[6] Según lo señalado en la Resolución de Superintendencia N.° 125-2003/SUNAT, norma que amplía disposiciones para la declaración y/o pago de obligaciones tributarias mediante el Sistema Pago Fácil, publicado el 25.6.2003.

[7] Conforme se ha concluido en el Informe N.° 075-2007-SUNAT/2B0000, disponible en el Portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).

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